Terroristas de estado

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Dice el diccionario de la RAE que terrorismo es: 1. Dominación por terror y 2. Sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir terror.

Asaltar un barco lleno de cooperantes y ejecutarlos a quemarropa y por la espalda es desde luego un acto de violencia desproporcionada y salvaje que mi me aterroriza. Demuestra que en Israel se sienten con la impunidad suficiente para atacar barcos civiles, matar a sangre fría a quienquiera que se niegue a acatar sus órdenes y, además, saber presentarse como las víctimas.

El ataque al Mavi Mármara sienta un precedente peligroso. Supone reconocerle a Israel (y de paso a cualquier estado con una maquinaria bélica lo suficientemente engrasada y con una cara lo bastante dura) el derecho a imponer sus reglas y su voluntad por enésima vez; sin importar en absoluto como su arrogancia e inconsciencia afecta a sus vecinos, a sus súbditos (entre los que se incluyen unos cuantos musulmanes y cristianos sometidos a un régimen de auténtico apartheid) e incluso al resto del planeta.

Creo que hay que pararle los pies a Israel. Con excusas peores se han desplegado bloqueos o, incluso, invadido países. Obviamente no quiero decir, en absoluto, que haya que pagar a los asesinos con su misma violencia puesto que ésta, al final, solo engendra mártires que se sienten justificados para cometer sus tropelías (de hecho, si Israel quisiese entender esto, seguramente la amenaza del terrorismo religioso tendría muchos menos adeptos).

Quizá el primer paso, el más sencillo, lo podemos dar todos y consiste en llamar a las cosas por su nombre.  Que yo sepa en España, nunca hemos tenido dudas en que los que disparan a quemarropa y por la espalda son terroristas.

Mucho ruido y pocas nueces

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No acabo de entender todo el ruido que se ha generado con la chapuza del ‘paquete de medidas’ (de medidas desesperadas, por cierto). Después de analizarlo fríamente he llegado a la conclusión de que se trata de más de lo mismo: una nueva chapuza para hacer algo en la forma pero sin solucionar nada en el fondo.

En primer lugar las medidas llegan tarde, muy tarde. En segundo, no van a atajar el problema: un grado de gasto por parte de la administración totalmente aberrante. No creo que bajar el sueldo a algunos funcionarios y a todos los pensionistas suponga un ahorro real ni eficiente. Los que esperamos jubilarnos algún día ya podemos empezar a buscarnos un sistema de pensiones alternativo porque no me hace ninguna gracia que, después de 30 o 40 años currando me pueda quedar a expensas de lo que un grupo de incompetentes que en su vida han trabajado de verdad, consideren que debo o no debo cobrar.

Por otro lado, los recortes en salarios de funcionarios no van parar sólo a ese estereotipo que todos tenemos en la cabeza (y al que el recorte de sueldo le dará aun más excusas para perrear). Los recortes se van a cebar en aquellos funcionario que ya encuentran pocos alicientes para tratar de imprimir algo de coherencia y de eficiencia a la incoherente e ineficiente administración para la que trabajan. Sobre todo cuando estos vean que, mientras su sueldo baja un 5%, el de sus superiores – que en la administración suelen serlo siempre por méritos políticos y raramente por experiencia profesional – apenas recibe un recorte de un 1% y, por supuesto, mantiene o incrementa otras prerrogativas como dietas, complementos específicos, productividades…

Efectivamente el gasto de la administración es obsceno y una población funcionaria de cuatro millones de personas es desmesurada. Pero claro, teniendo en cuenta que vivimos bajo la jurisdicción de tres administraciones diferentes (cuatro si contamos Bruselas) con funciones duplicadas y, a veces, triplicadas ¿cómo no vamos a tener un exceso de funcionarios?.

Puestos a recortar gastos ¿por qué no reducir el número de empleados públicos improductivos? (empezando, obviamente, por los cargos intermedios y el sorprendentemente enorme séquito político que muchos aglutinan a su alrededor) ¿por qué no eliminar ministerios y ministros inútiles? ¿por qué no suprimir – estas sí – las pensiones vitalicias que cobran nuestros cargos públicos?.

Es más, puestos a que los sindicatos se hagan los dignos y los ofendidos (me apuesto lo que queráis a que sus amenazas de huelga son, como siempre, un farol) ¿por qué no eliminar de los presupuestos de la administración pública esa figura parasitaria denominada ‘liberado sindical’? Si los sindicatos quieren trabajadores a tiempo completo que empleen gente contratada laboralmente; ¿no tienen como objetivo fomentar el empleo? para eso reciben subvenciones y recaudan cuotas de afiliación…

Arreglar las cosas es prácticamente imposible pero, conseguir que mejoren poco a poco quizá no lo sea tanto. Como casi todo en este mundo es cuestión de voluntad. De voluntad real por arreglar las cosas y no de tratar de poner los trastos a cubierto mientras otros apechugan con el temporal.

Moralistas y correveidiles

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Tovía no acabo de creerme la tontuna que se ha montado con Herman Tertsch. O mejor dicho, la tontuna que le han montado al Gran Wyoming los popes de la libertad de expresión. Justo los mismos que se callan y otorgan cuando un gobierno que les cae manifiestamente mal se pasa la susodicha por el forro de los anteproyectos dejando en manos de un comité de expertos el cerrojazo a los medios de comunicación que, en el fondo, es una página Web.

Pero esa es otra historia y me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Esta pataleta venía por el absurdo de una polémica absurda que, para mi, viene a ratificar que los que se consideran periodistas serios en este país no dejan de ser un hatajo de fariseos moralistas y correveidiles. En el  fondo me demuestran que, efectivamente, sólo los cínicos sirven ya para el oficio. Y es que lo de Tertsch es un auténtico ejercicio de cinismo: el implicado ha sido el primero que ha echado tierra sobre el asunto y no ha denunciado nada oficialmente sobre una agresión que cada vez me huele más a pelea de borrachos; eso sí, también ha sido el primero en rasgarse las vestiduras y hacerse la víctima en televisión. En la misma televisión donde unos días atrás no tuvo ningún problema en justificar el terrorismo de estado.

A mi el programa de Wyoming hace tiempo que dejó de hacerme gracia. Sin embargo con ese vídeo que algunos consideran tan aberrante sí me reí. Es muy difícil obtener una sonrisa de una barbaridad como la que dijo Tertsch y el que lo logró fue, simplemente, un programa de humor. Como tal hay que tomárselo y así hay que entenderlo. Porque si en este país fuésemos capaces de reirnos más y de más cosas – aunque sean las barbaridades que dice Tertsch – quizá nos tomásemos menos en serio las vestiduras rasgadas y los adalides de la libertad de expresión no tendrían más remedio que buscar notoriedad ocupándose de lo que nunca deberían haber dejado de ocuparse: meter en cintura a las instituciones que les dan cobijo y a las que tanto se cuidan de criticar.

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet

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Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.
Art. 19 Declaración Universal de los Derechos Humanos

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio
se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que
dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia

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